Publicado en El Telégrafo
Gerardo Albarrán de Alba, habla sobre uno de los espacios de reflexión periodística más influyentes en idioma español.
Saladeprensa.org es un proyecto independiente, sostenido con trabajo voluntario de periodistas y académicos de 26 países de América y Europa, que impulsa la libertad de prensa y el derecho a la información. Su creador y director es Gerardo Albarrán, periodista mexicano con 30 años de experiencia, autor de varios libros de Periodismo, miembro del consejo editorial de la edición mexicana de Le Monde Diplomatique y creador del Diplomado en Periodismo de Investigación que se imparte en el Tecnológico de Monterrey y en tres universidades más.
Desde su tribuna, Albarrán define a la Sociedad Interamericana de Prensa, SIP, “como un club de dueños de medios” que defiende intereses de empresas que lucran con un bien público: la información.
¿Considera que la SIP es una voz moral seria que puede analizar objetivamente el tema de la libertad de prensa en América Latina?
No puede anatemizarse a la SIP por el solo hecho de ser un club de dueños de medios, que por cierto cuenta entre sus miembros a varios entre los mejores del continente, como Clarín, en Buenos Aires; O Globo, en Brasil; El Universal y Reforma, en México; El Mercurio, en Santiago; o El Nacional y El Universal, en Venezuela, por citar solo algunos ejemplos de buenos diarios de centro-derecha en cuyas redacciones trabajan algunos de los mejores periodistas latinoamericanos. A pesar de que en términos muy generales es fácil coincidir con los 10 principios de la libertad de prensa que la SIP pregona en su declaración de Chapultepec (identificados plenamente con la democracia liberal, aunque a veces chocan con la esencia de un Estado democrático y social de Derecho), también debe reconocerse que suele utilizarlos de forma maniquea.
Es decir, cuando desde el Estado se trata de regular la actividad de las empresas periodísticas o comunicacionales, dichos principios se enarbolan alertando contra supuestos atentados contra la libertad de prensa, como si esta fuera absoluta y primara sobre el interés general. En otras palabras, es una constante que la SIP utiliza la libertad de prensa como parapeto para defender, en realidad, la libertad de empresa. Esto es perverso. Ningún derecho fundamental de los ciudadanos -como lo es el derecho a la información- puede ni debe ser regido por el mercado; esto es tarea indeclinable del Estado.
“Ningún derecho fundamental de los ciudadanos puede ni debe ser regido por el mercado”¿La conformación de la SIP (está integrada por dueños de medios y no por periodistas. Enrique Santos, dueño de El Tiempo, acaba de ser nombrado presidente) ¿la condiciona a defender intereses empresariales?
Enrique Santos es un excelente periodista (recordemos su sociedad con Gabriel García Márquez en la revista colombiana Alternativa, en la segunda mitad de los 70) que, por lo mismo, tiene el deber moral de encontrar el justo equilibrio entre la defensa de las libertades de prensa y de expresión, y el legítimo interés mercantil de las empresas periodísticas y comunicacionales sin mezclarlas. Cada cual tiene su propio espacio de defensa jurídica y -si se quiere- hasta política. Pero no olvidemos que Santos no representa a los periodistas, sino a algunos dueños de medios, y él tampoco debe olvidar que las empresas agrupadas en la SIP lucran con un bien público: la información. Esta será una tarea difícil para él, pues asume la representación de los propietarios de los medios en un momento en que la tensión entre Estado y mercado alcanza sus máximos niveles en la región y en el mundo.
¿Qué tan apegados a la verdad son los informes de la SIP? Porque, por ejemplo, incluyeron a Ecuador en la lista de países donde se asesina a periodistas por dos casos de crímenes en los que la justicia ordinaria demostró que nada tenían que ver con la represión.
Señalar las agresiones contra periodistas y medios es una obligación deontológica. No solo se trata de resguardar física y materialmente a estos actores, sino de salvaguardar el derecho a la información que nuestras sociedades ejercen a través nuestro. Pero esta tarea debe realizarse sin detenerse en contemplar intereses coyunturales y extraperiodísticos que dominan las agendas políticas y económicas de los dueños de los medios. Denunciar solo aquellos casos que apuntan como responsables de agresiones a los enemigos de sus negocios (como Venezuela, Bolivia o Ecuador), y callar ante otros casos como el mexicano (en el que la administración derechista de Felipe Calderón ejerce un boicot publicitario contra el semanario Proceso, como forma de castigo por su línea editorial, y no se ha resuelto un solo caso de periodistas asesinados o desaparecidos), es un acto mezquino, miserable, que socava la autoridad moral de quien lo hace.
¿Existe algún otro organismo que pueda representar los valores periodísticos en el continente?
No que compita con la visibilidad e influencia política de la SIP, pero existen muchos colectivos profesionales locales (como Fopea, en Argentina, o el Cencos y el Cepet, en México, o la FNPI, en Colombia), así como regionales (Fepalc, el capítulo latinoamericano de la FIP, o la ya veterana Felap), que lo hacen de formas distintas pero complementarias.
El periodismo debe ser defendido por los periodistas, mediante un ejercicio profesional, en primer lugar; luego, por la sociedad, su principal beneficiaria, y finalmente por las empresas periodísticas, cuya única justificación para existir es servir a la sociedad.
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